A propósito del compromiso pendiente por parte del Estado colombiano frente a la reparación de las víctimas del conflicto.
Por: Farid Badrán R. 31/08/2010
Conforme aparecen a la luz pública los vejámenes incesantes de violación a los Derechos Humanos de los que Colombia es víctima y ostenta el vergonzoso estandarte de ser victimario también, no somos conscientes de la ingente elasticidad del país. Es decir, de la inacabable capacidad de resistencia, e indiferencia combinadas en la base socio política del Estado que alimenta la impunidad, la corrupción y el cinismo frente a los más desgarradores panoramas de miseria, violencia y dolor que se hacen invisibles para la opinión pública a medida que la periferia (en donde la mayoría de ellos se manifiesta), se va alejando más del centro del país, en unos días en donde paradójicamente la globalización lo interconecta y aplana todo, menos las barreras interpuestas por la sociedad, los medios masivos y la política misma, haciéndonos ajenos a la realidad que en el patio del país acaece.
Se ha puesto hace poco sobre la mesa el tema de la reparación a las víctimas dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Recordemos que en la segunda administración del gobierno Uribe, bastó solo un debate en el Congreso de la República para hundir la llamada ley de víctimas que buscaba establecer los mecanismos formales y legales para atender a los familiares y víctimas en general del conflicto armado. Conflicto que además involucra los hechos de las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la fuerza pública colombiana (Falsos Positivos).
Una proyección sensata desde el Estado debería partir de reconocer el hecho de que:
• A las víctimas no solo debe “reparárseles” económicamente, sino que el esfuerzo del Estado debe volcarse también sobre la implementación de políticas que permitan el regreso de los más de cuatro millones de desplazados al campo con titularidad de tierras.
• Esto debería ir complementado también con un programa de reactivación económica del campo que se desmarque de la ignominia nacional que representó el programa Agro Ingreso Seguro, y en el que se incorpore un compendio de nuevas técnicas y se apropie tecnología capaz de generar ventajas en el aparato productivo agrícola. Colombia es considerado por la comunidad científica internacional como un nicho óptimo para desarrollar investigación en aguas, biotecnología y biocombustible. El campesino debe ser parte de esa transformación productiva del agro y no solo un espectador sin propiedad de los minifundios del país. Clave en la obtención de la llamada cohesión social.
Pero de todas, la manifestación de mayor carga simbólica para las víctimas del conflicto estriba en la grandeza del Estado para reconocer sus bajezas, y actuando de manera consecuente, adelante procesos judiciales claros, expeditos y sin lugar a vicios y dilaciones, que permitan sacar un informe anual de público conocimiento en el que se dé cuenta de las sentencias y correctivos de la institucionalidad colombiana como herramienta que sustente las reiteradas proclamas de buena fe.
La impunidad es la mayor ofensa que se le puede hacer a las víctimas y es a la postre un disparo que se hace el Estado sobre sus propios pies al tiempo que intenta marchar de acuerdo a las exigencias y retos que impone el sistema internacional de nuestros días.
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