Por: Mauricio Palma 01.09.2008
Pese a los golpes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han recibido en el último año y a un creciente clima de optimismo que presagian su pronto fin, la solución definitiva del conflicto colombiano está aun lejos de ser encontrada
Miguel* atiende un puesto de frutas en un céntrico parque de la capital colombiana. Pocos podrían saber que lleva ejerciendo este oficio desde hace tres años, luego de que fuera desterrado de su parcela en el municipio del Guamo -a unos 240km al sur de Bogota- por culpa del arribo de los guerrilleros del frente 21 de las FARC. “Vea, está muy bien todo lo que el gobierno está tratando de hacer con los guerrillos, pero lo que el presidente [Uribe] no entiende es que hay que reformar el campo. Si no, seguro esos malandrines no se acaban”, contesta el vendedor ambulante cuando se le pregunta por su perspectiva de las medidas tomadas recientemente por el gobierno del presidente que viene de cumplir seis años en el poder.
Este es sólo uno de los millones de casos (cuatro según la OIM) de los desplazados que ha generado un conflicto que se ha venido desarrollando en el país suramericano desde hace más de cuarenta años. Aunque en el último año el gobierno colombiano le ha propinado más golpes certeros al grupo guerrillero que en los diez anteriores (entre ellos la muerte de alias “Raúl Reyes” segundo al mando de los insurgentes, el rescate de la franco-colombiana Ingrid Betancourt y sobretodo el gran numero de guerrilleros que se han desmovilizado) la posibilidad de que el conflicto esté llegando a su fin trae a colación los problemas que desde allí comienzan a surgir. Estos exponen no sólo la diciente y radical debilidad estructural de los diferentes sectores que componen a la sociedad colombiana, sino las diferentes perspectivas que los colombianos –entre desplazados, oficialistas o ex combatientes- tienen del conflicto.
El gobierno por una parte, a través del Ministerio de Justicia, asegura tener diezmada la capacidad de acción del grupo insurgente. Su política de “Seguridad Democrática” –programa líder del gobierno Uribe- según reportes oficiales ha desmovilizado y reinsertado a la sociedad a más de cinco mil insurgentes –de un total aproximado de veinte mil- al cabo de cuatro años. Según este reporte, el setenta por cien –unos tres mil quinientos ex guerrilleros- desempeñan hoy un rol productivo a través de la creación de cooperativas de asocio donde crean proyectos económicos productivos, sustentándose en primera medida sobre el subsidio que el gobierno les entrega –que equivale a unos 170 Euros-.
Sin embargo, algunos entes críticos de las medidas de reinserción que el gobierno ha venido tomando aseguran que este mecanismo deja muchos vacíos en su ejecución. Luís Eduardo Celis, analista político de la fundación Nuevo Arco Iris
–reconocida en Colombia por su aguda posición frente al gobierno-, asegura que el plan social de Uribe está fallando en su estructura. Según él, no existen medidas que generen estabilidad económica ni social para los ex combatientes. No sólo el subsidio gubernamental es insuficiente, sino que las posibilidades de trabajo y acceso a créditos son prácticamente una quimera para los reinsertados. Pocas personas e instituciones en Colombia se arriesgan hoy por hoy a contratar o a confiar en antiguos guerrilleros.
Pero este no es el punto más grave del asunto. El enfoque y los parámetros de vida de buena parte de la población que antes estuvo involucrada de manera armada en el conflicto, y hoy tratan de reintegrarse a la sociedad, muestran un estado constante de inconformidad. Éste es el caso de Mauricio Parra, antiguo miembro del frente 16 de las FARC que operaba en la amazonía colombiana. Para él, el problema no son las medidas que el gobierno tome con la población ex combatiente sino la forma del régimen que lo sustenta. Con un tergiversado y confuso discurso que combina criterios comunistas –entre marxismo puro, maoísmo y leninismo- asegura que en Colombia no habrá paz hasta que no haya igualdad. Y que la igualdad no se conseguirá sino con un régimen netamente comunista, al mejor estilo de la Guerra Fría.
El testimonio de este guerrillero – que durante diecisiete años enfiló las FARC bajo el alias de “Yorman”- es una muestra de la naciente complejidad con la que el gobierno colombiano apenas se comienza a enfrentar. Muchos de los antiguos combatientes identifican al Estado como a un enemigo al que hay que combatir, bien sea bajo las armas o políticamente. Lo difícil de esto, es que aunque los incipientes grupos de ex guerrilleros conformen brazos políticos que hagan efectivas sus ideas, se correrá siempre el riesgo de caer en una nueva confrontación. El radicalismo de las ideas impuestas en la selva sigue primando en estos ciudadanos que apenas comienzan a explorar una nueva forma de vida – fuera de la presión de las armas- de la cual nadie garantiza que sea la elección de su predilección.
El conflicto no ha acabado. Es más, aun queda la peor parte. El postconflicto colombiano puede llegar a ser peor de traumático para una sociedad que lleva combatiéndose por décadas en defensa de ideales opuestos. Los jefes, oficialistas y guerrilleros, se baten por el control de las rutas del narcotráfico, las armas y el secuestro de particulares. Los rasos de los bandos en cuestión se enfrentan entre ellos, movidos por los discursos de sus líderes apelando a ideales que han fracasado o a movimientos patrioteristas inertes. Y en el medio, queda un gran numero de colombianos que deben sufrir las consecuencias, como Miguel, que alguna vez fue un campesino honrado que cultivaba arroz y hoy debe enfrentarse a la realidad de las grandes ciudades a través de la óptica de su negocio ambulante.
*Nombre cambiado por petición del entrevistado
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