I (Corazón) CPI

M. Palma 11/03/08

 

El pasado miércoles 4 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención en contra del actual presidente de Sudan. El señor Omar Al-Bashir decidió festejarlo a su manera, de la mano de una manifestación de apoyo de sus seguidores, la cual seguramente no fue sino la reacción espontánea de una población que no ha tenido que vivir ningún tipo de necesidad, ni tampoco ha conocido nunca lo que es estar bajo el ojo desconfiado de las amistosas Organizaciones No Gubernamentales, mayoritariamente europeas. Esta población que siempre ha seguido atentamente cada uno de los parámetros de acción, que estas fundaciones y asociaciones dentro de su ingenuidad pretendieron en algún momento comenzar a delinear en un Estado extraño, con certeza comenzará a notar la ausencia de sus amigos extranjeros.

 

Retintín

 

La salida de la Británica Oxfam, de gran utilidad en el informe presentado por el Fiscal de la CPI Luís Moreno Ocampo sobre la situación de Darfur en el momento de la emisión de la orden de detención contra Ahmad Harun y Alí Kushayb hace poco más de un año, ya no podrá gestionar ningún tipo de ayuda en pro de los niños huérfanos e indefensos que han resultado luego de las acciones del Ejército de Liberación Popular de Sudan y por supuesto, del gobierno Al-Bashir – hoy calificados a la luz de la jurisprudencia internacional como gestores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

 

Lo que más debe impactarle a los magistrados de la sala de cuestiones preliminares del tribunal de La Haya, debe ser sin duda el escaso apoyo que el todavía presidente sudanés ha recibido de sus amigos rusos, y sobretodo chinos. Extraño que en un contexto donde el Estatuto de Roma no sea si quiera mencionado, el vocero del gobierno de Wei y Hu haya manifestado en un comunicado oficial su preocupación, y prácticamente, su animadversión hacia la resolución tomada por la corte. Igual, ¿qué les puede importar? Ellos no hacen parte de los Estados cuyos nacionales sean objeto de la competencia de la CPI.

 

Hmmm. Pero Sudán tampoco. Entonces, ¿por qué Kushayb, Harun y Al-Bashir están bajo la lupa? El Estatuto de 1998, estructurado dentro de la óptica de la Onu, establece la posibilidad de presentar casos ante la corte desde la esfera de los Estados miembros de la misma, a partir de la petición del Fiscal de turno, pero también, emulando la intención del Consejo de seguridad (CS) para intervenir en la cuestión.

 

Algunas ideas sueltas

 

°La emisión de la orden de detención de Al-Bashir (y de sus secuaces) además de confirmar que estos son personajes funestos y  más malos que el hermano de Abel, no significa que ésta vaya a ser ejecutada prontamente, ni que los crímenes en Sudan cesen. Acordémonos de que una de las grandes falencias de nuestro actual sistema de seguridad colectiva radica en la imposibilidad de ejecutar de manera autónoma las resoluciones que el Consejo de seguridad logre determinar (en el hipotético caso en el cual el CS como designado bajo los lineamientos de San Francisco a autorizar el uso de la fuerza, quiera hacer efectiva la orden emitida por La Haya)

 

°Siguiendo esta idea, es poco probable que los sindicados se entreguen, o que un conglomerado de Estados en pro del reestablecimiento de la paz en la región del Nilo (¿Coalition of the Willing II?) se decida a actuar en defensa de los estamentos de la corte. Los efectos políticos serían elevadísimos, sobretodo antepuestos ante los intereses de rusos y chinos, que no sólo se manifiestan a través de la explotación de hidrocarburos, sino que ingeniosamente habrían encontrado una nueva oportunidad de negocio, a través del comercio de artilugios útiles para hacer daño a otros (¿armas?.)

 

°Pero de algo ha de servir la emisión de la orden de detención. Un jefe de Estado, y además de un Estado no miembro, puede ser acusado ante un tribunal internacional, bajo una estructura legal autónoma y legítima (queda la duda si Pol-pot, Tito, Franco o alguno de los grandes tiranos del siglo XX se están revolcando en su tumba). Igual, efecto político, sin duda hay.

 

°Hmmm 2. Colombia. Hermoso país. Una de las últimas acciones del gobierno Pastrana (según las malas lenguas en complicidad con el entrante gobierno) consistió en ratificar el Estatuto de Roma. Pero claro, no sin antes pedir algo a cambio. Aunque el Estatuto establece explícitamente que no admite reservas de los Estados firmantes, expone en su artículo número 124 una salvedad, para excluir al miembro del conocimiento por parte de la corte sobre los crímenes de guerra por un periodo de siete años. [Dos mil dos, los rocketazos, Brasil campeón, más siete… ¡DOS MIL NUEVE!]

 

°La corte es competente en Colombia desde 2002 en torno a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad y a partir de este año sobre los crímenes de guerra cometidos en el territorio y/o por sus nacionales. Su efecto no es retroactivo, pero ¿a quiénes podría llegar a juzgar? ¿A los gestores de la amenaza narcoterrorista? ¿A los miembros del paramilitaris… perdón, de las Bacrim y Bacrin? ¿También a los individuos que representan a los agentes gubernamentales? (¿se acabarán los falsos positivos?) ¿O acaso, al jefe del Estado colombiano?

 

Para concluir

 

°Los casos de Sudan, Uganda, Congo y República centroafricana están hoy por hoy en la instancia procesal de la corte –Lubanga, anteriormente funcionario público del Congo, ya está siendo enjuiciado-

 

°En capilla están los casos de Afganistán y adivinen… ¡Colombia! – por lo menos así lo ha hecho saber varias veces el Fiscal Moreno, quien ha visitado en repetidas ocasiones nuestro país.

 

°Hmmm 3. Mañana será otro día. Al-Bashir sigue libre… Quizá salga a tomar el mañanero sol de Jartum al lado de un maniquí de Moreno, gritando un gran “You can eat me” como lo hiciera la semana pasada. De pronto se toma un mojito con su nuevo amigo. No hay nadie quien por ahora ose impedirlo.

 

Presagio de un conflicto que no acaba

Por: Mauricio Palma 01.09.2008

Pese a los golpes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han recibido en el último año y a un creciente clima de optimismo que presagian su pronto fin, la solución definitiva del conflicto colombiano está aun lejos de ser encontrada

Miguel* atiende un puesto de frutas en un céntrico parque de la capital colombiana. Pocos podrían saber que lleva ejerciendo este oficio desde hace tres años, luego de que fuera desterrado de su parcela en el municipio del Guamo -a unos 240km al sur de Bogota- por culpa  del arribo de los guerrilleros del frente 21 de las FARC. “Vea, está muy bien todo lo que el gobierno está tratando de hacer con los guerrillos, pero lo que el presidente [Uribe] no entiende es que hay que reformar el campo. Si no, seguro esos malandrines no se acaban”, contesta el vendedor ambulante cuando se le pregunta por su perspectiva de las medidas tomadas recientemente por el gobierno del presidente que viene de cumplir seis años en el poder.

 

Este es sólo uno de los millones de casos (cuatro según la OIM) de los desplazados que ha generado un conflicto que se ha venido desarrollando en el país suramericano desde hace más de cuarenta años. Aunque en el último año el gobierno colombiano le ha propinado más golpes certeros al grupo guerrillero que en los diez  anteriores (entre ellos la muerte de alias “Raúl Reyes” segundo al mando de los insurgentes, el rescate de la franco-colombiana Ingrid Betancourt y sobretodo el gran numero de guerrilleros que se han desmovilizado) la posibilidad de que el conflicto esté llegando a su fin trae a colación los problemas que desde allí comienzan a surgir. Estos exponen no sólo la diciente y radical debilidad estructural de los diferentes sectores que componen a la sociedad colombiana, sino las diferentes perspectivas que los colombianos –entre desplazados, oficialistas o ex combatientes- tienen del conflicto.

 

El gobierno por una parte, a través del Ministerio de Justicia, asegura tener diezmada la capacidad de acción del grupo insurgente. Su política de “Seguridad Democrática” –programa líder del gobierno Uribe- según reportes oficiales ha desmovilizado y reinsertado a la sociedad a más de cinco mil insurgentes –de un total aproximado de veinte mil- al cabo de cuatro años. Según este reporte, el setenta por cien –unos tres mil quinientos ex guerrilleros- desempeñan hoy un rol productivo a través de la creación de cooperativas de asocio donde crean proyectos económicos productivos, sustentándose en primera medida sobre el subsidio que el gobierno les entrega –que equivale a unos 170  Euros-.

 

Sin embargo, algunos entes críticos de las medidas de reinserción que el gobierno ha venido tomando aseguran que este mecanismo deja muchos vacíos en su ejecución. Luís Eduardo Celis, analista político de la fundación Nuevo Arco Iris

–reconocida en Colombia por su aguda posición frente al gobierno-, asegura que el plan social de Uribe está fallando en su estructura. Según él, no existen medidas que generen estabilidad económica ni social para los ex combatientes. No sólo el subsidio gubernamental es insuficiente, sino que las posibilidades de trabajo y acceso a créditos son prácticamente una quimera para los reinsertados. Pocas personas e instituciones en Colombia se arriesgan hoy por hoy a contratar o a confiar en antiguos guerrilleros.

 

Pero este no es el punto más grave del asunto. El enfoque y los parámetros de vida de buena parte de la población que antes estuvo involucrada de manera armada en el conflicto, y hoy tratan de reintegrarse a la sociedad, muestran un estado constante de inconformidad. Éste es el caso de Mauricio Parra, antiguo miembro del frente 16 de las FARC que operaba en la amazonía colombiana.  Para él, el problema no son las medidas que el gobierno tome con la población ex combatiente sino la forma del régimen que lo sustenta. Con un tergiversado y confuso discurso que combina criterios comunistas –entre marxismo puro, maoísmo y leninismo- asegura que en Colombia no habrá paz hasta que no haya igualdad. Y que la igualdad no se conseguirá sino con un régimen netamente comunista, al mejor estilo de la Guerra Fría.

 

El testimonio de este guerrillero – que durante diecisiete años enfiló las FARC bajo el alias de “Yorman”- es una muestra de la naciente complejidad con la que el gobierno colombiano apenas se comienza a enfrentar. Muchos de los antiguos combatientes identifican al Estado como a un enemigo al que hay que combatir, bien sea bajo las armas o políticamente. Lo difícil de esto, es que aunque los incipientes grupos de ex guerrilleros conformen brazos políticos que hagan efectivas sus ideas, se correrá siempre el riesgo de caer en una nueva confrontación. El radicalismo de las ideas impuestas en la selva sigue primando en estos ciudadanos que apenas comienzan a explorar una nueva forma de vida – fuera de la presión de las armas- de la cual nadie garantiza que sea la elección de su predilección.

 

El conflicto no ha acabado. Es más, aun queda la peor parte. El postconflicto colombiano puede llegar a ser peor de traumático para una sociedad que lleva combatiéndose por décadas en defensa de ideales opuestos. Los jefes, oficialistas y guerrilleros, se baten por el control de las rutas del narcotráfico, las armas y el secuestro de particulares. Los rasos de los bandos en cuestión se enfrentan entre ellos, movidos por los discursos de sus líderes apelando a ideales que han fracasado o a movimientos patrioteristas inertes. Y en el medio, queda un gran numero de colombianos que deben sufrir las consecuencias, como Miguel, que alguna vez fue un campesino honrado que cultivaba arroz y hoy debe enfrentarse a la realidad de las grandes ciudades a través de la óptica de su negocio ambulante.  

 

*Nombre cambiado por petición del entrevistado